Aprovechando que la juez instructora estaba de vacaciones, la Fiscalía de Madrid emitió un dictamen favorable a las pretensiones de los empresarios venezolanos. El Ministerio Público respaldó el recurso de la aerolínea argumentando que mantener el dinero bloqueado causaría la quiebra inminente de la empresa y defendiendo de forma vehemente que no existían indicios delictivos sólidos de cohecho o tráfico de influencias en la concesión de la ayuda de la SEPI. Con este decisivo balón de oxígeno proporcionado por la Fiscalía, el juez sustituto decretó la entrega inmediata de los millones a la compañía.

Meses más tarde, tal y como adelantó en exclusiva THE OBJECTIVE en marzo de 2024, la fiscal que había pilotado esta estrategia defensiva dentro del caso Plus Ultra, María Luisa Llop, fue promocionada y ascendida a un puesto de mayor relevancia en el escalafón fiscal, un movimiento que la oposición y las acusaciones siempre han interpretado como el pago de favores políticos por los servicios prestados. El entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, premió a la fiscal María Luisa Llop con un puesto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta representante del Ministerio Público se opuso a que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigase por presuntos delitos de malversación y fraude el rescate con fondos públicos a la aerolínea acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Tanto es así que, según fuentes consultadas, «la fiscal parecía que ejercía de abogada defensora de Plus Ultra en lugar de defender el interés público e impulsar la acción de la justicia». De hecho, la fiscal solicitó en varias ocasiones que se archivase la causa del Plus Ultra sin realizar las diligencias de investigación oportunas para dirimir la posible existencia de delito en la que pudieron incurrir altos cargos del Gobierno. En noviembre de 2021, la Fiscalía emitió un escrito en el que expuso: «No existen en las conclusiones del informe elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto por esta parte en anteriores informes».

Sin embargo, la juez Esperanza Collazos continuó la investigación a pesar de que la Fiscalía, que debía velar por el interés público, y la Abogacía del Estado, que debería defender al Estado y no al Gobierno, se oponían a continuar con la instrucción. La instructora pudo seguir la causa porque las acusaciones populares lo solicitaron. Pero en enero de 2023, después de casi dos años de instrucción, la juez Esperanza Collazos se vio obligada a dar carpetazo a la causa tras no haber podido interrogar al representante legal de la aerolínea por acordar la imputación fuera de plazo. La fiscal de la Audiencia Provincial María Luisa Llop, que tuvo un papel clave en esta causa para que terminase en archivo, fue premiada con un puesto en la Audiencia Nacional y lleva asuntos mediáticos como la Operación Titella, en la que se investiga a José Luis Moreno.

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