Hay tragedias que exigen responsabilidades. Y hay responsabilidades —las penales— que solo pueden exigirse dentro de los límites del Derecho. La dana de Valencia fue una tragedia. Con víctimas, con dolor real y con una gestión lamentable. Precisamente por eso la respuesta judicial debe ser especialmente rigurosa. Porque cuando el derecho penal entra en escena, lo hace con el máximo poder del Estado: el de la eventual privación de la libertad.
La exposición elevada al TSJ refleja un ejercicio de voluntarismo judicial: no da la impresión de que la instructora haya llegado a la conclusión de que Mazón debe responder penalmente tras valorar de forma abierta y progresiva los indicios recabados. Más bien parece lo contrario: que parte de la premisa de que existe responsabilidad penal y orienta las diligencias para dotar de soporte a esa convicción inicial. Se investiga no para averiguar si los elementos del tipo concurren, sino para encontrar cómo hacerlos encajar en una idea previamente asumida. Pero el proceso penal funciona al revés: primero se acreditan los elementos típicos y después, si encajan, se formula la imputación: la conclusión no puede anteceder al análisis.
El derecho al juez imparcial predeterminado por la ley implica que solo quien está legalmente designado puede dirigir la instrucción. La intervención activa de un tercero ajeno al procedimiento, aunque sea juez, compromete esa garantía y puede determinar la nulidad total o parcial de las actuaciones. Y eso sin descartar que se pueda abrir la puerta a responsabilidades disciplinarias o incluso penales si se acreditara la prevaricación y la revelación de datos reservados.
Se equivoca quien cree que aquí solo está en juego la suerte procesal de un político concreto. Lo que realmente está en riesgo es la credibilidad del sistema judicial, que puede resentirse seriamente si la respuesta institucional se percibe como un ejercicio de corporativismo mal entendido, más preocupado por proteger a un miembro de la judicatura que por preservar con rigor las garantías procesales.
https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2026-02-27/dana-instruccion-bajo-sospecha/
El Debate 7/12/25José Gan Pampols , denuncia el gran fraude informativo de la democracia
“ En las unidades que había en Valencia, en Bétera, en Marines, y en Paterna, había soldados que eran de esos sitios y que dijeron: «¡Vamos a ayudar!». Y les dijeron: «No, hemos recibido orden de no salir». Por lo que sea, pero fue así.
Un país que ,después de ver que Sánchez no les dio la orden de salir a los soldados de un estado que pagamos todos , para ayudar al pueblo valenciano en la gran tragedia , no se manifiesta contra el y pide su dimisión como máximo responsable y que hace caso a buena parte de los medios de información ( y periodistas de diferentes medios) que continúan ,aun hoy ,insistiendo en que el culpable es solamente Mazón que no avisó y lo interesante es la comida y sobremesa , no merece quejarse de lo que está pasando . .
Si fuéramos una democracia con una población con un mínimo de cultura democrática, la Dana hubiera arrasado a Sánchez y a sus medios dependientes y contaminados ,por las subvenciones.
Gracias por el articulo ya era hora de ver escrito lo que todos pensabamos de este juicio. Toda una persecuccion politica, necesitan seguir llamando asesino a Mazon.
Quienes si tenian responsabilidad de actuar y estaban en el CECOPI cometieron grandes errores, el mesaje una chapuza con 3 hora de retraso, y el Sr. Polo que no aviso del incremento del barranco esta ya celebrando que la victima politica sea Mazon y la jueza lo haya dejado tranquilo
