No es posible comprender la degradación acelerada de la sanidad pública española sin colocar la inmigración masiva en el centro del diagnóstico. En los últimos cuatro años han entrado 3,2 millones de inmigrantes hasta alcanzar los 10,4 millones de personas nacidas en el extranjero. Una cifra sin precedentes, atraída por los incentivos que la clase dirigente les brinda a costa de la clase trabajadora española. El resultado es un shock de demanda sobre el Estado de bienestar: colapso en el acceso a la vivienda, la educación, la justicia y, muy especialmente, la sanidad.
El colapso de la sanidad pública implica un enorme negocio para la sanidad privada. Según datos de UNESPA, en apenas tres años el número de pólizas de seguro médico privado ha crecido en 3,6 millones. Hoy más del 25% de los españoles tiene cobertura sanitaria privada —el 40% en Madrid, el 34% en Cataluña—. Cada vez más pólizas y más caras. En 2025 las primas crecieron un 12%, el mayor incremento interanual registrado, y en los últimos diez años el coste de una póliza de salud se ha encarecido un 50%. El trabajador paga dos veces: primero vía impuestos, para financiar un sistema del que es expulsado por saturación.
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