En el siglo XVIII, los pensadores ilustrados llamaron oscurantismo a la vieja tentación del poder de limitar la difusión del conocimiento. Voltaire se burló de ella en su famoso panfleto De l’horrible danger de la lecture, donde imaginaba un edicto que prohibía leer porque la lectura —decía con ironía— “disipa la ignorancia que protege a los Estados bien gobernados”. No se refería sólo a la religión ni sólo a la Iglesia. Señalaba algo más profundo: la alianza entre poder político y control del pensamiento.

Durante siglos, esa lógica se manifestó de formas muy visibles: censura de libros, persecución de pensadores incómodos, control del conocimiento considerado peligroso. La Ilustración creyó haber dejado atrás esa etapa al afirmar un principio revolucionario: ninguna autoridad debe decidir qué ideas pueden discutirse y cuáles no. Occidente construyó su progreso sobre esa premisa. Pero las tentaciones del poder nunca desaparecen. Sólo cambian de forma. Cuando el poder político empieza a decidir qué es verdad y qué no lo es, la frontera entre regulación y censura se vuelve peligrosamente fina. El discrepante no está equivocado: está contaminado ideológicamente. Es el viejo mecanismo de la herejía, actualizado para el siglo XXI.La política española ha desarrollado un talento particular para esa práctica. Quien cuestiona determinadas políticas no es simplemente un crítico: es reaccionario, negacionista, ultra o algo parecido. El objetivo no es responderle. Es expulsarlo del debate.Las libertades rara vez desaparecen de golpe. Normalmente se erosionan de forma gradual, envueltas en buenas intenciones y argumentos aparentemente razonables. El oscurantismo nunca regresa proclamándose como tal. Siempre vuelve con un discurso noble: proteger a la sociedad, ordenar el debate, evitar errores colectivos.

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