Sánchez lo sabía todo y por eso, en vez de luchar contra la corrupción durante todos estos años, se ha dedicado a desarmar al Estado para garantizar la impunidad de los delincuentes. Rebajó las penas del delito de malversación, desactivó la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF), colonizó la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional para protegerse de futuros problemas y puso en marcha medidas para castigar a jueces y periodistas díscolos.

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