Quien no respeta la liturgia del voto en su propia casa, ¿qué no será capaz de hacer en la de todos? 

Que los resultados preliminares dependan de un sistema opaco controlado por una empresa contratada por un ministerio que a su vez sólo rinde cuentas al propio presidente no es precisamente un matiz menor.

El recuento oficial sigue siendo manual y está en manos de las mesas y de las juntas electorales, lo cual ofrece bastantes garantías. Sin embargo, la transmisión y consolidación provisional de los datos pasa por un filtro: el software de Indra, una caja negra de código cerrado, inaccesible al escrutinio público, y supervisado además por el Ministerio del Interior. 

En España nunca se ha realizado una verificación amplia y sistemática que confronte los datos informáticos difundidos por Interior con las actas físicas firmadas en cada mesa electoral.

El ciudadano, a título individual, no puede acceder a las actas ni solicitar copias de ellas. Ese derecho se reserva en exclusiva a los partidos, como si la transparencia electoral fuese un privilegio corporativo y no un principio democrático. Sin embargo, lo que está en juego en esas actas no es el voto de los partidos. El voto no pertenece a las organizaciones políticas: pertenece al ciudadano, que como mucho lo presta provisionalmente. Negarle el acceso directo a la verificación es, en el fondo, negarle la plena propiedad de su propio derecho.

Lo razonable sería adoptar software de código abierto, auditable por cualquiera, con trazabilidad pública, mesa por mesa y bajo un control verdaderamente independiente. Otros países lo han hecho sin traumas, ganando transparencia y confianza. ¿Por qué España debe resignarse a confiar a ciegas en un proceso cuya llave provisional está en manos de un personaje como Sánchez?

El voto por correo también tiene zonas de sombra. En 2023, colapsos en Correos dejaron a miles de españoles sin poder votar. Aunque, según datos oficiales, se resolvió el 94% de las solicitudes, el restante 6% supuso cientos de miles de ciudadanos silenciados. En democracia, ese margen no es tolerable. 

En 1977, España votó con la ilusión de la novedad democrática. En 2025 debe aprender a votar con la prevención de la experiencia. La verdadera conspiranoia no sería temer un fraude electoral, sino mirar hacia otro lado y fingir que aquí nunca podría pasar.

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