Vivimos en un país donde puedes desear la muerte de un policía, burlarte de los creyentes o insultar a los votantes de derechas sin que te pase nada, pero si haces un chiste sobre Irene Montero o cuestionas la inmigración ilegal, te puede visitar la policía judicial. Lo llaman justicia social, pero no lo es: es miedo. Es el regreso de la censura disfrazada de virtud. Lo más grave no es que exista una ley mala, sino que la sociedad la aplauda. Que haya ciudadanos que creen que es correcto castigar penalmente una opinión porque les ofende. Que confundan el derecho a no ser discriminado con el derecho a no ser criticado. Odiar es humano. Hay odios que se curan, otros que se entienden y algunos que incluso son necesarios. Pero ninguno debería ser delito mientras no se traduzca en violencia o amenaza. No se puede legislar el pensamiento ni castigar los sentimientos. A fuerza de convertir las emociones en delitos, estamos fabricando una sociedad de cobardes que prefieren callar antes que hablar. Y cuando el silencio se convierte en norma, lo que se extingue no es el odio, sino la libertad. Porque el odio, por mucho que lo prohíban, no desaparece: se esconde, se acumula y un día estalla. Y ese día, los mismos que hoy dictan lo que se puede odiar serán los primeros en descubrir que lo que realmente ha aprendido el pueblo no es a amar, sino a odiar mejor. A odiar con motivos. A odiar con memoria. Y que no hay juez, fiscal ni ministerio que pueda detener eso.

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