Durante más de treinta años, los mecanismos multilaterales se han mostrado incapaces de impedir, sancionar o revertir la demolición institucional de Venezuela. Se emitieron informes. Se aprobaron resoluciones. Se multiplicaron las declaraciones formales. Nada tuvo efectos reales. Nada detuvo la escalada de represión sangrienta del régimen. Esa pasividad obliga a una conclusión incómoda: un derecho internacional que no puede invocarse para socorrer a una democracia que colapsa y amparar a poblaciones sometidas, pero sí para blindar a gobernantes sanguinarios ilegítimos, es un derecho que no funciona, porque acaba sirviendo —por acción u omisión— al abuso que afirma combatir.

Resulta difícil no señalar la hipocresía del debate español. Los analistas políticos de este país no están precisamente en condiciones de impartir lecciones de exquisitez democrática a nadie. No cuando llevamos años normalizando pactos de gobernabilidad con golpistas y terroristas, indultos y derogaciones de delitos negociados a cambio de poder, amnistías redactadas ad hoc para borrar crímenes y un proceso sostenido de colonización institucional que muchos prefirieron no ver, o mirar hacia otro lado. No hemos sido capaces ni siquiera de detectar a tiempo a un trilero oportunista sin escrúpulos que, en apenas siete años, ha puesto buena parte de las instituciones del Estado a su servicio. Y, aun así, desde tertulias, columnas y cátedras se pontifica sobre cómo deben actuar otros países ante sus dictaduras. La escena, vista desde fuera, es dantesca.