El borrado, los periodistas y el silencio

Aún más revelador es el comportamiento del propio fiscal general, que procedió a la carrera al borrado de sus teléfonos móviles en cuanto tuvo noticia de su imputación, eliminando registros que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas a su publicación. Ningún inocente borra pruebas de su propia inocencia. Esto no puede ser interpretado como un descuido, menos aún como un procedimiento estándar de seguridad que se ha demostrado inexistente, sino como lo que es: una forma de autoinculpación. ¿Se puede ser tan estúpido? Difícilmente. El fiscal general habría borrado los dispositivos, no ya para eliminar esa mitológica bala de plata inesquivable, sino para salvar al principal responsable de la filtración: el inquilino de la Moncloa.

Una eventual condena a García Ortiz no supondría la salvación definitiva del Estado de derecho, sino un punto de inflexión: un balón de oxígeno, una reacción de supervivencia a la desesperada de un sistema llevado al límite. Supondría, eso sí, un impulso decisivo. Porque si el Tribunal Supremo logra sobreponerse a las acusaciones de lawfare y a las amenazas veladas y no tan veladas —recordemos que los fontaneros del PSOE han llegado a confeccionar dosieres sobre jueces para intentar desacreditarlos o, quién sabe, chantajearlos—, ese golpe de autoridad podría romper el muro antidemocrático del sanchismo y abrir la puerta a una cascada de condenas en los demás casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y al presidente. Ya no sería inimaginable que Pedro Sánchez acabara sentado en el banquillo.

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